Consultoría forense de adecuación regulatoria y defensa procesal en privacidad de la información comercial.
Evitamos riesgos económicos y reputacionales derivados de incidentes de seguridad de datos o del tratamiento no autorizado de información de clientes, usuarios y colaboradores. Adecuamos de manera integral las bases de datos de las empresas a los requerimientos de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), y patrocinamos la defensa legal en sumarios administrativos y demandas de titulares.
Entidades bancarias, aseguradoras, administradoras de fondos, empresas de retail masivo, clínicas privadas, plataformas de comercio electrónico y departamentos de recursos humanos corporativos.
Ejecutamos un mapeo exhaustivo de flujos de datos (data mapping) e identificamos brechas normativas (gap analysis). Desarrollamos políticas de privacidad robustas, cláusulas de consentimiento específico, contratos de encargo de tratamiento con proveedores y asesoramos en la estructuración de Evaluaciones de Impacto de Protección de Datos (PIA).
La Ley contempla sanciones correctivas y multas pecuniarias administrativas. Las multas por infracciones graves pueden alcanzar hasta el 1% de la facturación anual de la empresa del ejercicio económico anterior, además de la obligación de implementar planes de remediación urgentes.
El nombramiento de un DPO es obligatorio para todas las entidades del sector público, y para aquellas empresas del sector privado cuyas actividades principales requieran un tratamiento de datos personales de manera habitual, sistemática o a gran escala, así como el tratamiento recurrente de datos de carácter sensible (ej. historial médico, datos crediticios).
Analizamos los detalles y riesgos regulatorios específicos de su caso. Permítanos diseñar su estrategia legal.