Patrocinio procesal criminal corporativo y diseño pericial de programas de prevención de delitos económicos y financieros.
Atendemos la defensa y representación técnica en investigaciones fiscales y juicios penales relacionados con infracciones contra la administración pública y el orden económico (lavado de activos, cohecho, peculado, enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, quiebra fraudulenta y delitos societarios). Asimismo, ayudamos a las organizaciones a estructurar programas de Compliance Penal para eximir a la persona jurídica de responsabilidad penal por actos de sus empleados.
Juntas de accionistas, gerentes generales, directores financieros, oficiales de cumplimiento corporativo y empresas comerciales bajo indagación previa de la Fiscalía General del Estado.
Diseñamos una defensa técnica rigurosa basada en el análisis forense contable, financiero y tributario, desvirtuando la tipicidad del presunto delito y la materialidad de la infracción en cada etapa del proceso penal. Paralelamente, estructuramos diagnósticos de riesgo penal y códigos de conducta reales adaptados a la realidad comercial de cada organización comercial.
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), las personas jurídicas (empresas) son penalmente responsables por los delitos cometidos en su beneficio propio o de sus socios por parte de directivos, administradores o empleados, si la comisión del delito se debió a la falta de supervisión, control o implementación de políticas de prevención interna.
Las sanciones para las personas jurídicas van desde multas económicas proporcionales a la facturación, comiso de bienes, prohibición temporal de contratar con el Estado, clausura temporal o definitiva de establecimientos, hasta la disolución forzosa y liquidación de la compañía en casos de extrema gravedad.
Analizamos los detalles y riesgos regulatorios específicos de su caso. Permítanos diseñar su estrategia legal.