Derecho Constitucional
Salvaguarda integral de garantías jurisdiccionales e interpretación de preceptos constitucionales frente a vulneraciones de entes públicos y privados.
¿Qué problemas resolvemos?
Asumimos el patrocinio judicial y la consultoría estratégica ante vulneraciones graves a los derechos constitucionales consagrados en la Carta Magna. Esto incluye la interposición de Acciones de Protección frente a actos u omisiones de autoridades públicas que impongan sanciones arbitrarias, clausuras irregulares o expropiaciones sin el debido proceso. Asimismo, estructuramos Acciones Extraordinarias de Protección ante la Corte Constitucional para impugnar fallos judiciales definitivos que contravengan la seguridad jurídica y las garantías básicas del proceso penal, civil o tributario, gestionando medidas cautelares urgentes para suspender daños irreparables en marcha.
¿A quién está dirigida?
Corporaciones nacionales y multinacionales afectadas por regulaciones estatales arbitrarias, instituciones públicas que requieren dictámenes y auditorías externas de alta especialidad constitucional, y personas naturales en situaciones de indefensión jurídica severa.
Nuestra metodología en el área
Nuestra metodología inicia con un diagnóstico constitucional profundo del expediente, analizando la aplicabilidad de los precedentes vinculantes dictados por la Corte Constitucional. Posteriormente, diseñamos una teoría del caso rigurosa que entrelaza la dogmática de derechos fundamentales con la argumentación procesal moderna, compareciendo en audiencias orales ante jueces constitucionales con absoluta solvencia técnica, solidez discursiva y lealtad con los intereses del defendido.
Preguntas Frecuentes
La Acción de Protección procede de manera directa cuando existe una vulneración de derechos constitucionales cometida por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. También es admisible contra particulares si prestan servicios públicos delegados, si su conducta afecta gravemente el interés colectivo o si colocan al afectado en un estado de subordinación, indefensión o asimetría económica de la cual no pueda defenderse por vías ordinarias.
Es una garantía jurisdiccional preventiva cuyo objeto exclusivo es evitar la vulneración inminente de un derecho protegido o hacer cesar una violación en curso antes de que se consume un daño irreparable. Puede solicitarse de forma autónoma (antes de iniciar un juicio formal) o de manera conjunta con la Acción de Protección, y exige la demostración técnica de la inminencia, gravedad y la imposibilidad de reparación posterior del perjuicio.
La AEP es el último recurso de control constitucional que se interpone ante la Corte Constitucional del Ecuador. Su objeto es examinar si una sentencia, auto o resolución firme de la justicia ordinaria (ej. Corte Nacional de Justicia) ha violado, por acción u omisión, los derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva. Requiere agotar previamente todos los recursos ordinarios y extraordinarios disponibles dentro de la jurisdicción común.
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