Derecho Aduanero
Asesoría jurídica y defensa técnica estratégica frente a determinaciones arancelarias, auditorías de valoración y procesos sancionatorios del SENAE.
¿Qué problemas resolvemos?
Representamos y defendemos legalmente a operadores de comercio exterior frente a liquidaciones de pago, rectificaciones de tributos aduaneros y determinaciones complementarias emitidas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Patrocinamos la defensa en procesos de control posterior (auditorías a importaciones de hasta 5 años atrás), controversias por clasificación arancelaria de subpartidas complejas, dudas sobre el valor en aduana declarado de mercancías, y asumimos la defensa técnica penal y administrativa en imputaciones por presunto contrabando o defraudación aduanera.
¿A quién está dirigida?
Empresas importadoras de insumos industriales y bienes de consumo, corporaciones exportadoras de productos tradicionales y no tradicionales, agencias de aduana autorizadas, operadores logísticos internacionales y terminales portuarios.
Nuestra metodología en el área
Estructuramos un análisis pericial técnico de la clasificación arancelaria y de las reglas de valoración de la OMC aplicables al caso. Agotamos la fase administrativa mediante reclamos de pago indebido o pago en exceso ante la propia autoridad aduanera, y de ser necesario, iniciamos acciones contencioso-tributarias ante los Tribunales Distritales para declarar la nulidad de las resoluciones ilegítimas del SENAE.
Preguntas Frecuentes
Para impugnar una resolución de determinación tributaria emitida por el SENAE, el importador dispone de dos vías excluyentes: presentar un recurso administrativo de revisión ante el Director General del SENAE dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación, o demandar directamente la nulidad de la resolución ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario en el término perentorio de 60 días hábiles.
Es la facultad de la aduana para auditar las declaraciones aduaneras de importación, contabilidad y registros comerciales de las empresas hasta 5 años después de efectuada la nacionalización de las mercancías. El objetivo es comprobar la exactitud de los valores declarados, la clasificación arancelaria asignada y el cumplimiento de las normas de origen, pudiendo exigir el cobro de tributos omitidos más intereses y recargos severos.
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