Contratación Pública
Consultoría preventiva de pliegos, mitigación de riesgos concursales y patrocinio litigioso ante sanciones unilaterales del Estado.
¿Qué problemas resolvemos?
Mitigamos los riesgos inherentes a las relaciones contractuales con el Estado ecuatoriano. Defendemos a contratistas privados frente al cobro arbitrario de multas diarias por retrasos no imputables, declaratorias unilaterales de terminación de contrato, ejecución injustificada de pólizas de garantía de fiel cumplimiento y la declaratoria de contratista incumplido en el SERCOP, que acarrea la muerte comercial del proveedor en el sector público.
¿A quién está dirigida?
Empresas contratistas de obra civil, proveedoras de servicios tecnológicos, consultoras de ingeniería, consorcios internacionales y entidades públicas que requieren acompañamiento técnico en auditoría de procesos licitatorios.
Nuestra metodología en el área
Ofrecemos una asesoría preventiva durante la preparación de la oferta y absolución de preguntas. Durante la ejecución contractual, documentamos de forma estricta las causas de prórroga mediante bitácoras y comunicaciones oficiales. Ante controversias sustanciales, interponemos reclamos administrativos ante la entidad contratante, acudimos a tribunales de mediación y arbitraje administrativo, y planteamos demandas contencioso-administrativas en sede judicial ordinaria.
Preguntas Frecuentes
La declaratoria de contratista o adjudicatario fallido, una vez registrada en el SERCOP, inhabilita a la persona natural o jurídica para contratar con el Estado ecuatoriano por un periodo de 5 años. Debido a la gravedad de esta sanción, es crucial activar defensas técnicas y medidas judiciales suspensivas de forma inmediata tras recibir la notificación de terminación unilateral.
El contratista debe presentar por escrito una objeción motivada dirigida al administrador del contrato y fiscalizador del proyecto dentro del término legal aplicable, adjuntando la bitácora de obra, reportes climáticos o actas que demuestren que los retrasos se deben a fuerza mayor, caso fortuito o causas imputables a la propia administración pública. Si no es aceptado, se debe recurrir a la vía judicial contencioso-administrativa al liquidar el contrato.
¿Requiere asesoría especializada en esta materia?
Analizamos los detalles y riesgos regulatorios específicos de su caso. Permítanos diseñar su estrategia legal.